Mensaje a medios del Doctor Ulises Lara López, Coordinador General de Investigación Territorial, en funciones de Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México por Ministerio de Ley

Como resultado de los procesos penales iniciados luego del atentado contra el entonces Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, hechos en los que lamentablemente tres personas perdieron la vida y varias más resultaron lesionadas, Ministerios Públicos de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento obtuvieron una sentencia condenatoria superior a 86 años de prisión en contra de otros dos hombres, hallados penalmente responsables de los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

Como se recordará, el 26 de junio de 2020, el entonces Secretario de Seguridad Ciudadana sufrió un atentado en Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, en el que participó un amplio grupo de personas, originarias de diversas partes del país.

El trabajo ministerial del personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México permitió que Carlos David “N” y José María “N” fueran sentenciados a 86 años, ocho meses de prisión.

Dicha sentencia representa, para cada uno de los acusados, la suma de la totalidad de las penas, es decir, el delito de homicidio calificado contra tres personas, más el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en perjuicio de cuatro personas más. No obstante, los procesados solamente compurgarán 70 años de prisión, como lo establece el numeral 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Después del ataque, se observó mediante el seguimiento por cámaras del C4 del Estado de México, un vehículo blanco con dirección al municipio de Atlacomulco, Estado de México, mismo que fue seguido por elementos de la Secretaría de Seguridad de dicha entidad, hasta darles alcance. Ahí viajaban los ahora sentenciados Carlos David “N” y José María “N”.

Las pruebas presentadas por nuestros Ministerios Públicos, y que fueron desahogadas durante el proceso, también permitieron que el Tribunal de Enjuiciamiento impusiera a los sentenciados el pago de la reparación del daño, consistente en la indemnización por muerte y por gastos funerarios.

Por lo que hace al delito de homicidio en grado de tentativa, se condenó a los procesados al pago por reparación del daño para cada una de las víctimas, por lo que dejaron a salvo sus derechos para que en la etapa de ejecución acrediten el pago integral.

Con relación a las víctimas indirectas, se les deberán pagar la reparación del daño por el concepto del daño psicoemocional. En tanto, por los perjuicios ocasionados a los vehículos relacionados con los hechos siendo propiedad del Estado, también se deberán erogar diversos pagos.

De acuerdo con las indagatorias, y derivado de diversos actos de investigación del personal de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, se logró determinar que, días previos al atentado, el 08 de junio del 2020, arribó a la Ciudad de México una célula de varios sicarios, integrantes de una organización criminal surgida en el occidente del territorio nacional.

Además, se tomó conocimiento, mediante diversas fuentes de información, que la referida organización criminal pretendía perpetrar un ataque a un alto funcionario del Gobierno.

En julio de 2020, informamos a la ciudadanía que la Fiscalía General de Justicia obtuvo el auto de vinculación a proceso para los ahora sentenciados, Carlos David “N” y José María “N”, y la ratificación de la medida cautelar de prisión preventiva.

Con la sentencia de Carlos David “N” y José María “N” suman 14 personas sentenciadas, tras los hechos ocurridos.

Cabe recordar que, en mensaje a medios, ofrecido el 15 de marzo de este año, informé que luego de obtener y desahogar un importante número de elementos de prueba durante un largo proceso penal, esta Fiscalía General de Justicia obtuvo sentencia condenatoria contra 12 hombres que participaron en dicho ataque.

Los ministerios públicos de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento acreditaron la plena participación de dichas personas.

Como lo hemos señalado en anteriores ocasiones, el deber de la Fiscalía General de Justicia capitalina es combatir la impunidad con indagatorias profesionales, objetivas y científicas, rigor en los protocolos periciales y una sólida integración en las carpetas de investigación. Esto es prueba de nuestro trabajo.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en apego a sus funciones y atribuciones como área esencial, continúa todos los días sus tareas de investigación para combatir la impunidad y pone a disposición de la ciudadanía los números telefónicos (55) 5200 9000 y 800 745 2369 para orientación jurídica gratuita.